Es la figura delictiva provisoria que le atribuyó el fiscal Mayor de Río Grande Guillermo Quadrini. El juez de instrucción está siendo investigado por el supuesto cobro de dinero para dictar fallos, y por pasarle modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado.


El juez Sahade fue imputado por cohecho

El juez de instrucción Nº2 de la ciudad de Río Grande, Raúl Nadim Sahade, fue imputado del delito de “cohecho” en la causa penal donde se lo investiga por el supuesto cobro de dinero para dictar fallos, y por pasarle modelos de escritos judiciales a una abogada para que los presentara en causas en trámite ante su propio juzgado, según se desprende de una pericia telefónica revelada por EDFM el pasado 19 de octubre.

La imputación a Sahade fue realizada por el fiscal Mayor de Río Grande, Guillermo Quadrini, en una ampliación del requerimiento de instrucción donde también solicitó la realización de “16 medidas probatorias”, según confiaron ayer fuentes judiciales vinculadas al caso.

Las sospechas sobre el accionar del juez surgieron a partir de una causa donde se investiga a la abogada María Angélica Naveas Lagos por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un accidente de tránsito.

En esa causa intervino el juez de instrucción Nº2 riograndense, Daniel Cesari Hernández, quien ordenó allanar la vivienda de Naveas Lagos y el secuestro de su teléfono celular.

Cesari Hernández dispuso una pericia sobre ese teléfono secuestrado, y de allí surgió que la abogada no solo mantenía contacto con su cliente, sino que además intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade.

Cuando el caso llegó a la Cámara, por un recurso de la defensa de Naveas Lagos, los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino, coincidieron en que el tribunal “no puede desentenderse del contenido del informe pericial”. Por eso remitieron copia de las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia (que luego lo envió al Consejo de la Magistratura) e hicieron hincapié en que la Fiscalía estaba en condiciones de expedirse sobre el tema.

Así fue como, una vez que el expediente retornó al juzgado de instrucción, Cesari Hernández le corrió vista a Quadrini para que “en cinco días” emitiera un dictamen.

Según trascendió, el fiscal Mayor formalizó en esa instancia una “ampliación pormenorizada del requerimiento de instrucción” en la que encuadró como posible “cohecho” al accionar de Sahade, y donde ratificó que la abogada debe ser investigada por una posible “extorsión” a su cliente.

Luego de una “reseña de los hechos y circunstancias” que rodearon el caso, el representante del Ministerio Público solicitó 16 medidas probatorias, entre ellas una “orden de presentación” para fueran entregados documentos, material informático y teléfonos celulares, incluido el del propio juez.

Cesari Hernández, según se supo la semana pasada, allanó el juzgado de Sahade y secuestró esos elementos que ahora serán analizados y sometidos a diferentes pericias.

Esos procedimientos se llevaron adelante en medio de “un gran hermetismo” y sin ninguna comunicación oficial por parte de la Justicia.

Mientras tanto, Sahade continúa en funciones. El desarrollo de un eventual jury de enjuiciamiento está muy lejos todavía de la etapa en que podrían suspenderlo del cargo, el Superior Tribunal manifiesta que carece de facultades para hacerlo y el propio juez aún no ha resuelto (al menos que se sepa hasta el momento) tomarse una licencia mientras se resuelve la causa judicial donde se encuentra formalmente imputado y notificado de derechos y garantías.

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