El parlamento aprobó en general por unanimidad la emergencia económica, fiscal, financiera y social hasta fin de año en la Provincia. Los bloques del Frente de Todos y Partido Verde plantearon algunas disidencias en la votación artículo por artículo. Se creó un fondo de asistencia económico específico que se financiará con una alícuota adicional de ingresos brutos del 4,75% a la actividad bancaria. Del proyecto sancionado se eliminó la emergencia administrativa. El Ejecutivo podrá disponer, con control de la Legislatura, de hasta 5 mil millones de pesos para atender el impacto de la pandemia COVID-19.


La ley de emergencia económica es ley por unanimidad

El parlamento aprobó la ley de emergencia económica, fiscal, financiera y social hasta fin de año en la Provincia por unanimidad.

Los cambios introducidos al proyecto del Ejecutivo durante el trabajo en comisión más los incorporados ayer en sesión, posibilitaron que la Legislatura aprobará por unanimidad en general la ley que declaró la emergencia económica, fiscal, financiera y social en la provincia hasta el 31 de diciembre de este año, que podrá ser prorrogada por 1 año más a solicitud del Ejecutivo.

A pesar de los acuerdos alcanzados, los Bloques del Frente de Todos-PJ y del Partido Verde se opusieron a la aprobación del artículo que autorizó al Ejecutivo a desafectar y disponer libremente de los fondos específicos, excepción de los de bomberos voluntarios; becas; de Financiamiento de Servicios Sociales y el de Financiamiento del Sistema Previsional, y el Partido Verde también al que autoriza al Ejecutivo a readecuación o renegociar contratos de obra pública, prestación de servicios y provisión de bienes, por entender que esas son facultades propias del Ejecutivo que no precisan autorización legislativa.

Un dato no menor es que el proyecto aprobado en la 1ª sesión ordinaria del año excluyó la declaración de emergencia administrativa que estaba incorporada en el proyecto gubernamental, más allá de que habilitó el uso del expediente electrónico para las tramitaciones que realiza la administración pública.

Tal como se adelantó en la edición de ayer, la normativa aprobada determinó que los 2000 millones de pesos provenientes del Bono TFU 27 que financiarán el Programa Progreso se afectarán únicamente a sostener herramientas financieras de asistencia al sector privado, destinando para ello hasta 1000 millones a capitalizar al BTF para que el bando de la provincia establezca líneas de crédito con destino al pago de nómina salariales, cánones locativos de inmuebles con destino comercial y adquisición de capital de trabajo, entre otros, y otros 1.000 millones al Ministerio de Producción para que los destine a líneas de crédito y subsidios destinados a operatorias no bancarias apuntadas a atender a las personas que no sean sujetos de crédito en el sistema financiero formal. Como contrapartida, los beneficiarios de los préstamos no podrán efectuar despidos de sus trabajadores durante el plazo de 1 año a contar desde su otorgamiento, bajo pena de tener que devolver la totalidad del beneficio recibido.

Se crea también durante la vigencia de la emergencia un Fondo de afectación específica de Asistencia Económica COVID-19, con destino a la asistencia de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas como personas humanas o jurídicas, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales y cuentapropistas, entre otros, mediante el otorgamiento de subsidios no reintegrables de carácter monetario, a través del Ministerio de Producción y Ambiente. Este fondo se integrará con el producido de la recaudación de una alícuota adicional del 4,75% sobre los ingresos brutos a la actividad bancaria, con lo que este sector de la economía pasará a tributar en la Provincia un 10%.

También se autorizó al Ejecutivo a contraer endeudamiento por hasta 3 mil millones de pesos para contar con medios de financiamiento para atender las consecuencias de la emergencia, pudiendo afectar en garantía los fondos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, pero sin comprometer los recursos coparticipables que correspondan a cada municipio. Según se indicó, desde el Ejecutivo se precisó que los fondos en cuestión provendrán de un programa de asistencia del Gobierno nacional.

Medidas fiscales

Tal lo preveía el proyecto remitido por el Ejecutivo, el sancionado ayer contempla una serie de medidas de carácter impositivo, tales como la prorroga hasta el día 30 de junio de 2020 del plazo para formalizar el acogimiento al Régimen Especial de Presentación Espontánea y Regularización de Deudas establecido por la Ley provincial 1310, pudiendo incluirse los tributos comprendidos en ella, cuyos vencimientos para el pago hayan operado hasta el día el 30 de abril de 2020; la suspensión de la prescripción de la acción para determinar tributos, aplicar multas y exigir el pago de sumas, como así también los plazos para la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de demandas o recursos judiciales por el plazo de 12 meses; la autorización para que la AREF suspenda el inicio de ejecuciones fiscales y la solicitud de nuevas medidas precautorias durante el plazo que dure la presente emergencia, respecto de los contribuyentes cuya base imponible del impuesto sobre los ingresos brutos del año 2019
no supere la suma de 30 millones de pesos; exima por 90 días del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a aquellos contribuyentes del régimen simplificado que no cuenten con una relación de empleo bajo dependencia; exima del impuesto de Sellos a los créditos y a las garantías otorgadas en seguridad de los mismos, concedidos en el marco de la presente ley, y a habilitar por 180 días que los contribuyentes que presten servicios de atención sanitaria de 3er. Nivel puedan descontar del monto total del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a pagar, las sumas destinadas mensualmente a combatir la pandemia COVID-19 mediante la adquisición de insumos y medicamentos vitales para la atención de personas, como así también, la inversión en infraestructura y tecnologías.

Plan de obras

En lo que hace al financiamiento del plan de obras incorporados por el Ejecutivo a la emergencia, se dispuso autorizarlo a adecuar la afectación de los recursos obtenidos por el bono TU27. Se trata, como mínimo, de la ampliación del Hospital de Ushuaia, la guardia del Hospital de Río Grande; la vinculación de los gasoductos Fueguino y San Martín; la planta depuradora de líquidos cloacales de la Margen Sur; muelle comercial de operaciones de buques de turismo, carga y pesca, muelle de catamaranes y desarrollo de nuevas plazoletas fiscales de contenedores, equipamiento logístico y de seguridad del puerto de Ushuaia; construcción de un centro de rehabilitación en Ushuaia; obras e infraestructura básica de agua, cloaca, gas y energía eléctrica; obras e infraestructura edilicia, y terminación de la red troncal provincial de la red federal de fibra óptica.

Comisión de seguimiento por comité consultivo

Otros de los cambios introducidos por los Legisladores fue la eliminación del comité consultivo del Progreso que proponía el Ejecutivo y su reemplazo por la Comisión de Seguimiento y Control del destino de los fondos del PROGRESO, que estará integrada por un legislador de cada bloque político.

La herramienta ya está

Los legisladores Sciurano, Bilota y Vuoto coincidieron en la necesidad de dotar al estado provincial de una herramienta que permita asistir al sector privado, tanto formal como informal, ante el negativo impacto que sobre la actividad económica ha tenido la cuarentena dispuesta por el COVID-19. También coincidieron en señalar que el proyecto sancionado resulta superador del que remitiera el Ejecutivo, ya que define con precisión el destino de los recursos afectados al programa Progreso, a la vez que amplía el universo de potenciales beneficiarios del mismo.

Se le reprochó a la gestión Melella la demora en proponer al Parlamento una herramienta de asistencia al sector privado, por lo que se le reclamó que la implementación del Progreso se realice con celeridad, responsabilidad y transparencia.

Comentarios