Tras las amenazas previo al juicio, ahora afronta una acusación ante la supuesta falta de rendición de un subsidio de 200.000 pesos, situación que la querellante por trata de personas desmintió a través de sus abogados.


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JUICIO. Alika Kinan denunció a sus captores, proxenetas y encargada del prostíbulo donde la tenían secuestrada.

Trascendió que el Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego investiga a Alika Kinan, la primera sobreviviente de trata que en el país se convirtió en querellante contra sus captores, por la supuesta falta de rendición de un subsidio de 200.000 pesos, situación que la mujer niega y que desmintió a través de sus abogados.

Kinan ya había sufrido amenazas que obligaron a redoblar su custodia, mientras que su ex marido y su hermana la habían denunciado públicamente desde España por “poner en situación de riesgo” a una de sus hijas menor de edad, días antes de que comenzara en Ushuaia el juicio oral y público donde se juzga a los tres sospechosos de haberla captado y explotado sexualmente en el prostíbulo “Sheik”.

Los embates contra la actual militante de los derechos de género regresaron ahora, cuando faltan seis días para que el Tribunal Oral Federal de la provincia dicte sentencia en el proceso judicial que los especialistas califican de “histórico”.

El nuevo cuestionamiento tiene su origen en actuaciones que tramitan ante el Tribunal de Cuentas fueguino, por la supuesta falta de rendición de un subsidio de 200.000 pesos que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le otorgó el 28 de octubre de 2015 para ser destinado a la construcción de una vivienda.

La ayuda económica dispuesta a través del decreto 2420/15 fue pagada el 30 de diciembre del año pasado, mediante un depósito bancario, pero la beneficiaria “nunca hizo la rendición” establecida por las leyes vigentes.

De acuerdo a esa información, Kinan sólo presentó copia de un contrato con la constructora “La Esperanza Viviendas Americanas SRL”, por la suma de 259.224 pesos, donde se pactó un adelanto financiero de 81.000 y una financiación de 48 cuotas de 3.153, pero “no acreditó” el giro efectivo de ese dinero.

Sin embargo, el abogado de la víctima de trata en ese caso, Rodrigo Guidi, explicó que Alika respondió los requerimientos del Tribunal de Cuentas y presentó la documentación “hace un mes” y que no obstante “la noticia se publicó sin incluir ese descargo”.

Según detalló Guidi, como “en Tierra del Fuego es imposible construir una casa con 200.000 pesos”, lo que hizo Alika fue buscar una empresa de Córdoba para que le armara una casa prefabricada y “como indica el contrato, le giró 81.000 pesos de adelanto”.

“Ocurrió que la empresa no cumplió luego con los requerimientos de documentación realizados por el Municipio para habilitar la obra; la construcción no se llevó a cabo y ahora estamos en juicio para que le devuelvan el dinero adelantado”, relató el abogado.

Y agregó que como patrocinante de Kinan, “presenté toda la documentación ante el Tribunal de Cuentas que acredita los gastos que ella ha tenido hasta hoy, y en qué fue utilizado parte de ese subsidio”, señaló.

Además, Guidi recordó que la ayuda económica “no fue un regalo” sino “el cumplimiento de las obligaciones internacionales que debe cumplir el Estado argentino por estar adherido a los tratados contra la trata de personas”.

En ese sentido, el letrado puntualizó que Alika iba a construirse la casa en un terreno adjudicado por el Municipio “dentro de ese mismo contexto” y que la mujer “está pagando en cuotas (ese predio) bajo los procedimientos habituales y usando parte del subsidio que le dio la provincia”.

Mientras tanto, Kinan sigue viviendo todavía en una vivienda precaria que le otorgó el Ministerio de Desarrollo Social cuando trascendió su condición de víctima de trata.

La propia mujer confirmó que cuando se la cedieron, la casa tenía “deficiencias en la instalación de gas que derivaron en una intoxicación por monóxido de carbono de ella y toda su familia”.

Después, el servicio de gas fue cortado y así permanece hasta la actualidad, mientras que el Ministerio inició una serie de intimaciones que culminaron en un juicio de desalojo de la vivienda, aún en trámite ante la Justicia Civil de Ushuaia.

“Para frenar el desalojo, Alika firmó un convenio de desocupación de la vivienda social, donde se comprometió a dejarla a los 90 días corridos de haber recibido el subsidio de 200.000 pesos. En función de lo ocurrido con la empresa constructora, y a sabiendas de que con ese dinero no se puede solventar una construcción, esperamos que la justicia comprenda la situación y no haga efectivo el desalojo”, requirió su abogado.

De lo contrario, la primera víctima de trata que se anima a querellar a sus captores, podría esperar la sentencia del juicio penal, mientras mira de reojo no quedarse sin un lugar donde vivir.

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