El proceso electoral que actualmente se lleva a cabo en el ámbito de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego continúa salpicado por la polémica. El rector Juan José Castelucci fue recientemente denunciado ante la Fiscalía Federal de Ushuaia, por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público. La acusación surge como consecuencia de la omisión del desarrollo de los comicios para la elección de las nuevas autoridades de la Universidad.


Denuncia Penal contra el Rector de la UNTDF

Denuncia Penal en la Fiscalía Federal de la ciudad de Ushuaia contra el Rector de la UNTDF, por la suspensión inconsulta de las elecciones en los que se debían renovar las autoridades.

Ese comicio debía realizarse entre los días 14, 15 y 16 de julio pasado, en cumplimiento al mandato aprobado orgánicamente por el Consejo Superior, el órgano de co-gobierno de la Universidad, conformado por integrantes de toda la comunidad universitaria (estudiantes, docentes profesores y asistentes, no docentes y graduados).

La demanda ratificada en sede judicial por la Consejera Superior Suplente del Claustro Docente Profesores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI/UNTDF), la Contadora pública Maia Gessaga, se extendió también contra los miembros de la Junta electoral, presidida por entonces por el Abg. Nicolás Barone, por considerarlos responsables solidarios de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”, puesto que “el cuerpo tenía el deber de garantizar la legalidad, transparencia y pluralidad de los actos electorales prescritos por Estatuto. Incluso necesariamente debía velar porque el proceso se cumpliera y en todo caso intimar al Rector a que cumpliera con dicho mandato”, radica la solicitud.

“La situación de pandemia y crisis sanitaria nos impuso una nueva realidad, no por ello el ejercicio de la democracia universitaria puede verse postergada indefinidamente, teniendo en cuenta que la Universidad está funcionando con mandatos prorrogados hace casi nueve meses y hace varias semanas en la provincia casi la totalidad de las actividades han sido reactivadas bajo los protocolos correspondientes”, apuntó la denunciante.

Ante las continuas interrupciones de las votaciones la consejera advirtió que “en este escenario claramente el Rector Castelucci obstruyó el proceso democrático por acción u omisión de sus funciones reconocidas en el Estatuto de la nuestra Universidad y no cumplió con las tareas impuestas por la resolución CS2/2020. No proveyó de los instrumentos necesarios ante el COE (Comité de Emergencia Estatal) para la elaboración del protocolo para el desarrollo de las elecciones, demostrando una actitud totalmente dolosa. La gravedad de los hechos se enmarca en la crisis institucional que implica una clara degradación del proceso electoral y la vida democrática de la Universidad pública”, cuestionó Gessaga. Además insistió en su ampliación de denuncia ante el Fiscal Público, a lo largo de dos horas de indagatoria, que el Rector insiste en desconocer la competencia delegada al Gobierno Provincial por mandato del Presidente de la República Argentina, Dr. Alberto Fernández, para evaluar la habilitación de cualquier actividad bajo estrictos protocolos de sanidad, entre los cuales, se encuentra el desarrollo de los comicios.

Por lo tanto, según lo expuesto en el documento, a los funcionarios interpelados les cabe la responsabilidad derivada del artículo 249º del Código Penal Argentino. “Será reprimido con una multa de pesos setecientos cincuenta a pesos a doce mil quinientos e inhabilitación especial de un mes a un año, el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retarde algún acto de su oficio”.

Asimismo, dicho incumplimiento de acuerdo al Art. 248º del Código Penal “será reprimido con prisiones un mes dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales y provinciales e ejecutare las ordenes o resoluciones de esta clase existente”.

El incumplimiento se encuentra doblemente acreditado porque no sólo el Rector de la UNTDF no respondió el Pedido de Informe y Pronto Despacho del pasado 06 de Julio de 2020 que interpuso la Consejera Superior Gessaga, en el cual advertía de la acción penal sino que el Consejo Superior tuvo que autoconvocarse para el 17 de Julio al ver que se encontraba fracasado el calendario electoral que había dispuesto fecha de comicios entre el 14 y 16 de Julio. “Es lamentable haber tenido que acudir a un organismo externo de la UNTDF para buscar respuestas efectivas al pedido de Informe, ya que esta situación evidencia que no se ha considerado el mismo con la seriedad e importancia que reviste un emplazamiento concreto a un funcionario público quien, con su silencio, invisibiliza un pedido formal realizado por una Consejera Superior y minimiza las consecuencias de no cumplir con un proceso tan delicado y necesario como lo es la renovación de autoridades por elección democrática”.

Gessaga advirtió que actualmente existe en trámite una nueva resolución de Consejo Superior que define nuevos plazos sujetos a acciones y gestiones reservadas al Rector para cumplir sin dilaciones el calendario electoral; no obstante la denuncia penal espera, sea una instancia para reflexionar institucionalmente sobre los derechos democráticos vulnerados por la inacción del Rector, quien aparentemente no midió las consecuencias de sus actos.

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