El 24 de abril pasado, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la empresa Pesquera Cabo Pilar SA detener el cultivo de salmones en el Canal Beagle. Ahora, la justicia levantó esa prohibición y la firma podrá avanzar con las cuatro salmoneras cuya autorización obtuvieron en 2005.


El diario La Prensa Austral (Chile) confirmó en su edición de ayer que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dispuso «dejar sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha 18 de abril» en contra de la empresa pesquera Cabo Pilar, actual titular de las cuatro concesiones de salmonicultura otorgadas en el Canal Beagle en 2005.

«En contra de esta medida, se hizo parte el abogado Francisco Cárdenas, en nombre de la Sociedad Nova Austral S.A., quien advirtió al Tribunal los serios perjuicios que esta restricción les genera como empresa, por lo que solicitó dejar sin efecto la orden de no innovar», señala el matutino chileno, mencionando que en enero de este año la firma Nova Austral SA adquirió el 99% de las acciones de Pesquera Cabo Pilar.

Y detalla: «Nova Austral planteó ante el Tribunal que no sólo replica los altos estándares de producción que caracterizan a Nova Austral, sino que se basa en las excelentes condiciones ambientales de la zona para desarrollar una producción sustentable y sin antibióticos».

Mencionaron, además, que los trabajos paralizados por la Justicia «buscaban generar las instalaciones adecuadas para el traslado de 2 millones de peces “smolt”. Y es que una vez que los peces dejan de tener la calidad de alevines y han adquirido el rango de “smolt” (aptos para agua salada), deben ser introducidos al mar en un plazo limitado de tiempo, el que no puede ser superior a 15 días, desde que están preparados».

«Es decir, de no poder efectuar el traslado de los peces en un plazo que no puede exceder de 12 días, el efecto es la muerte inevitable de 2 millones de ejemplares», argumentó la empresa.

En ese sentido, señalaron que «una orden de no innovar solicitada so pretexto de resguardar el medio ambiente, está condenando a muerte a casi 2 millones de peces, con los daños medioambientales que aquello puede traer consigo», sumando además los perjuicios económicos se traducen en una pérdida para la empresa «de un poco más de 4 millones de dólares (el valor de cada smolt es de US$2,1)».

«En mérito de estos antecedentes, el 2 de mayo último, el tribunal superior regional dispuso dejar sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha 18 de abril, respecto de las concesiones antes individualizadas», cierra el artículo de La Prensa Austral.

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