El Municipio de Río Grande reclama al Gobierno Provincial mas de 300 millones de pesos que adeuda la gestion Bertone a la municipalidad y pidieron la intervención del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.


El secretario de Finanzas, Oscar Bahamonde, dio detalles de la abultada deuda que reclaman al gobierno de la provincia, por un monto estimado en 340 millones, entre liquidaciones diarias de coparticipación, saldos definitivos de seis meses ya vencidos y una sentencia firme de la justicia por 40 millones. A esto se suma una deuda del gobierno nacional cercana a los 90 millones, por las obras de la planta potabilizadora y el natatorio, que se cubrieron con fondos municipales.

Si bien se cumplió con el pago de salarios en tiempo y forma y se mantienen al día los proveedores, Bahamonde planteó una “situación complicada”. El Ministro de Economía fue intimado a depositar el dinero adeudado en 72 horas y se dio intervención al Tribunal de Cuentas, para que certifique el total, como también a la Fiscalía de Estado y la Legislatura provincial.

El funcionario planteó una “discriminación” hacia la gestión Melella, dado que han pagado en forma anticipada al Municipio de Tolhuin, no hay deuda con Ushuaia, que además recibió fondos no reintegrables por 420 millones para obras y gastos corrientes.

Por Radio Universidad 93.5, expuso que “los números están un poco complicados” en el municipio y dio a conocer la intimación al Ministerio de Economía para que “en 72” haga efectiva las transferencias. “Hemos emitido una resolución por la cual estamos intimando al Ministro de Economía al pago de una deuda de coparticipación. Se trata de definitivos y de liquidaciones diarias. No están emitiendo los decretos de los definitivos y no los están pagando. El definitivo debería liquidarse a los 90 días de terminado el período, y ya tenemos vencido desde junio a noviembre de 2018, es decir que son seis meses que están adeudando del año pasado y ni siquiera han emitido el decreto”, dijo.

“Al no sacar el acto administrativo, dicen que no tienen deuda, pero obviamente no es así. De esos seis meses de definitivos estimamos una deuda de 50 millones de pesos. Luego estamos reclamando las liquidaciones diarias de coparticipación, porque estamos con un retraso de entre 40 y 45 días y nos deben todavía más de 100 millones de pesos de liquidaciones del mes de febrero y, en lo que tienen liquidado de marzo, la deuda es de 150 millones aproximadamente”, señaló.

“Los recursos con los que debe contar el municipio rondan los 220 ó 230 millones por mes. En marzo nos han enviado 150 millones y es una locura. No entendemos cuál es el motivo, porque no hay comunicación, no atienden el teléfono, no hay mensajes, nada, con lo cual no queda otra opción que el reclamo formal”, dijo.

Advirtió que “esto no afecta una gestión sino a los vecinos, porque nosotros necesitamos cumplir con nuestras obligaciones y ni siquiera existe una explicación, lo cual es lamentable, porque los funcionarios públicos estamos para dar explicaciones de nuestros actos”.

Recordó que el ex gobernador Jorge Colazo fue destituido por la retención indebida de fondos de coparticipación al municipio. “No hemos enviado solamente una carta documento sino que es un acto administrativo largo y fundamentado, donde manifestamos que ya conocemos lo que ha pasado en la historia de Tierra del Fuego, como la destitución de un gobernador por esta situación. En noviembre, diciembre y enero hemos enviado cartas documento a la tesorera y la respuesta es que los plazos de la normativa vigente para el pago son ‘estimados’, a lo cual decimos que no, porque ya hay un proceso judicial que tuvo una sentencia de parte del Superior Tribunal. Si los plazos fueran estimados, están mintiendo, porque a la Municipalidad de Tolhuin le pagan con 30 días de adelanto. La Tesorería nos pasa los informes mensuales de pago y uno puede ver la fecha del expediente de Río Grande y de Tolhuin, y uno ve que han cobrado hasta con 30 días de anticipación. Es claro que hay una voluntad de a quién pagarle y a quién no”, cuestionó.

“Les decimos en la resolución que el gobierno tiene una obligación de rango constitucional hacia el Municipio de Río Grande. Por otro lado hay acuerdos políticos del gobierno, porque sabemos que hay un armado para las elecciones entre la Municipalidad de Ushuaia y el gobierno provincial, donde el Municipio de Ushuaia se ve beneficiado respecto de Río Grande, porque ha recibido 300 millones de pesos de un convenio para obras y otro convenio de 120 millones de pesos para gastos corrientes. Al Municipio de Río Grande no le hacen las transferencias de coparticipación, a lo cual están obligados constitucionalmente, pero a un municipio amigo le hacen las transferencias y además convenios de pagos para beneficiarlo, y claramente hacer campaña con esos fondos, mientras que los retacean a nuestra ciudad”, sostuvo.

Aseguró que “el convenio de 300 millones y el de 120 millones son convenios no reintegrables, es decir que es un regalo, y ahí está la diferencia entre estar o no estar en un sector político. Son dos convenios que están publicados y los puede ver cualquiera, uno para obras y otro para el pago de gastos corrientes”, precisó.

Aclaró que “no es la única deuda que tenemos con el gobierno de la provincia, porque hay una sentencia judicial favorable al municipio y hemos pedido el pago al gobierno, pero no lo ha hecho. Hemos enviado el informe a la Legislatura sobre esta sentencia favorable definitiva, y el valor actualizado está por encima de los 40 millones. Hemos pedido que sea incluido en el presupuesto 2019 pero no tuvimos respuesta. Ahora estamos siguiendo la vía judicial correspondiente para la ejecución de esa sentencia, pero desde el Poder Legislativo no han dado respuesta. La sentencia ya tiene dos años y no tenemos la posibilidad de que se nos incluya en el presupuesto para el pago. Hay una clara discriminación y es muy clara cuál es la voluntad hacia el Municipio de Río Grande”, manifestó.

Respecto de las deudas del gobierno nacional por la obra de la planta potabilizadora, dijo que están a la espera de que “en algún momento el fideicomiso austral libere los fondos adeudados, porque son montos importantes y superan los 50 millones de pesos. Hoy la única obra que tenemos con financiamiento nacional es la pileta, pero hace tiempo no vemos fondos. Se sigue construyendo porque la municipalidad está pagando los certificados de obra. Ahí tenemos entre 25 y 30 millones por cobrar también. Por la planta potabilizadora estamos entre 50 y 60 millones, y entre 25 y 30 con lo de la pileta, y luego tenemos las deudas del gobierno provincial con el municipio. Por eso la situación se vuelve compleja y difícil para seguir avanzando”, alertó.

Consultado sobre la injerencia de la provincia en el pago de fondos nacionales, dijo que “en la pileta no hay relación del gobierno provincial pero con la planta potabilizadora entiendo que sí, porque estamos cobrando los certificados básicos pero no las redeterminaciones, y las diferencias surgieron por algunas interpretaciones que hizo el gobierno provincial sobre esas redeterminaciones. Entiendo que luego rectificaron la posición porque, en definitiva, lo que pretendíamos era cobrar, y seguimos a la espera de esa situación”.

Bahamonde priorizó “los fondos de coparticipación que nos corresponden, porque se liquidan 220 ó 230 millones por mes y hemos recibido 150 millones en marzo, y no tenemos ninguna respuesta. Nosotros tenemos un mayor coeficiente de coparticipación y estimo que Ushuaia debe andar en los 200 millones mensuales. Río Grande recibe un poco más de coparticipación federal y es similar el caso en regalías, porque recibimos un poco más. Esto se distribuye de acuerdo a la cantidad de habitantes y por eso tenemos una mayor participación”, explicó.

Intervención de organismos de control: Bahamonde espera que esta semana se hagan efectivas las transferencias y a la vez dio a conocer el pedido de intervención a los entes de control del estado. “Espero se normalicen las transferencias y cumplan con sus obligaciones legales. Obviamente esperaría que la situación se manejara de otra manera y no tener que enviar formalmente el reclamo. Hemos informado además a la Legislatura provincial, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado. El reclamo del municipio no es infundado y estamos pidiendo al Tribunal de Cuentas que certifique cuál es la deuda que tiene la provincia con el municipio de Río Grande, tanto de coparticipación, como de saldos definitivos, y si es verdad que el Municipio de Tolhuin cobra antes que el de Río Grande, y cuánto deben de liquidaciones diarias”, dijo.

“Nosotros hemos emplazado al Ministerio de Economía a que en 72 horas deposite los montos adeudados, y los montos reclamados surgen de informes que tiene la propia provincia. No es algo que la provincia desconozca”, subrayó.

El funcionario vinculó este retraso en los giros con el proceso electoral y consideró que “es triste que estas prácticas se repitan. Vuelvo a repetir que los fondos no son del municipio y no estamos pidiendo ni adelantos ni asistencia financiera, sino que estamos pidiendo lo que nos corresponde. Se está perjudicando a la ciudad al no enviar los fondos que le corresponden, al vecino que necesita un subsidio, pide un préstamo o determinados servicios. Es el mismo vecino al que después van a ir a golpearle la puerta para pedirles el voto. El presupuesto reconducido no es excusa para no enviar los pagos porque estos montos fueron percibidos por la provincia”, concluyó.

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