El Gobierno Nacional busca endurecer su política migratoria para aplicar un sistema de reciprocidad con determinados países. Bajo el lema de establecer una "reciprocidad migratoria" entre países, la Argentina exigirá nuevos requisitos para los extranjeros que quieran tramitar la residencia en el país.


Entre las nuevas exigencias, figuran el comprobante de carencia de antecedentes penales de los últimos 10 años, certificados de salud y certificado de trabajo de sus países de origen, a la vez que un aumento de montos del trámite migratorio en algunos casos puntuales.

Adelantaron que además de pedir los antecedentes penales retroactivos a 10 años para aquellos extranjeros que busquen radicarse en la Argentina, la Dirección de Migraciones podrá pedir también certificados de salud y de trabajo.

«Se evaluará cada caso, de cada país para establecer mecanismos de reciprocidad equilibrados y ajustados al principio de igualdad legal», dijo un funcionario del gobierno que adelantó parte de las medidas que comenzaran a regir luego que se publiquen este miércoles 6 de marzo en el Boletin Oficial.

Es decir, que si determinado país pide como requisito para los extranjeros que tramitan residencia el certificado de salud, de antecedentes penales o de trabajo a un argentino aquí se les pedirá exactamente las mismas condiciones.

Este mismo esquema funcionará a la hora de establecer el cobro de trámite de una radicación. En algunos casos la Argentina cobra montos inferiores a los de otros países por el mismo trámite. Pero en adelante equiparará las cifras para establecer lo que en el Gobierno denominan un «principio de política de reciprocidad clara».

Uno de los motivos centrales que generaron este endurecimiento de las autoridades argentinas en su política migratoria radica en que durante los últimos años el Gobierno intentó establecer un acuerdo con algunos países de la región para compartir información de sus ciudadanos en todo lo que tiene que ver con los antecedentes penales. Pero al parecer, hasta ahora no hubo respuesta favorable.

En el Gobierno no quisieron dar detalles de los países que no cumplieron con los reclamos de las autoridades migratorias de la Argentina. Solo se supo que se trata de países de la región.

No obstante, desde la Casa Rosada aclararon que la Argentina no endureció su política migratoria si se tiene en cuenta que en los últimos tres años hubo un récord de radicaciones. Desde 2016 hasta ahora unos 650.000 extranjeros se convirtieron en residentes. La mayoría de ellos son venezolanos, paraguayos, bolivianos, peruanos y colombianos.

La estrategia de política migratoria del Gobierno apunta a reforzar el esquema de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país. La Dirección de Migraciones ya avanzó en un acuerdo con los jueces federales de todo el país para establecer una suerte de base de datos con todas las causas penales donde los extranjeros cumplen condena a fin de aplicar el principio de «extrañamiento» para motorizar la expulsión automática.

El director de Migraciones, Horacio García, indicó que en nuestras fronteras “está Interpol presente las 24 hs, que nos trae todas las restricciones del mudo que hay en las computadoras de los inspectores del mundo, que antes no existían”.

Según el funcionario los aeropuertos del mundo contienen toda la información anticipada de los pasajeros que llegan a nuestro país. “Cuando llega la persona tenemos el conocimiento acertado conforme Interpol”, afirmó García.

La nueva medida había sido anunciada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien había afirmado que en que en los últimos años aumentó considerablemente la cantidad de radicados, hasta llegar a 700 mil pedidos. “Probablemente, si hubiéramos conocido en el pasado los antecedentes delictivos de esta cantidad considerable de años de muchos que han pedido o solicitado la radicación, nos hubiéramos ahorrado seguramente haber tenido que enfrentar muchas acciones delictivas”, lanzó el ministro.

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