En Ushuaia, la Justicia Federal condenó a 3 años de prisión en suspenso a Darian Franco Brizuela Montivero, un joven que ingresó cocaína en una mochila por el Aeropuerto Malvinas Argentinas y la dejó abandonada luego de percatarse que habían descubierto su contenido.


El Tribunal Federal lo condenó luego de una omisión de debate en la que la fiscalía y la defensa del joven imputado “acordaron” una condena de 3 años de prisión en suspenso por “contrabando de estupefacientes”.

Recordemos que Brizuela Montivero recién fue detenido en su casa de Chacra II en Río Grande, al día siguiente de ser descubierto el cargamento de cocaína en el aeropuerto de la ciudad de Ushuaia, de un vuelo procedente de Córdoba.

En septiembre del 2017, la valija (al ser pasada por el scanner) presentaba dos bultos dentro de zapatos, los que se asemejaban a sustancias estupefacientes, realizándose un test que determinó que se trataba de casi dos kilos de cocaína, los cuales quedaron abandonados en la cinta transportadora luego que Brizuela Montivero los dejara abandonado, saliera del aeropuerto y tomara una combi de línea regular para trasladarlo hacia su residencia en la ciudad de Río Grande.

Pero el caso terminó envuelto en la polémica cuando un posterior peritaje determinó que se trataba de “azúcar reductora”, logrando el defensor la libertad de su defendido. Finalmente el caso terminó en un “contrabando de estupefacientes”, cuando un peritaje realizado por Gendarmería en Buenos Aires determinó que la sustancia era cocaína en muy poca cantidad, estirada con azúcar en gran parte.

También recordemos que el pasaje aéreo de Brizuela Montivero había sido abonado con una tarjeta de crédito de un importante empresario, según constaba en la compañía aérea, donde quedó registrado el pago, al cual nunca se investigó.

Finalmente Brizuela se presentó ante el Tribunal Oral Federal acompañado de su abogado defensor, Lucas Sartori, quien en un “acuerdo” con la fiscalía, obtuvo una condena en suspenso de 3 años por el delito de “contrabando de estupefacientes”, entendiéndose que no estaba probada la comercialización del estupefaciente por parte del imputado.

El juez Luis Giménez, integrante del Tribunal cuestionó el “acuerdo” al señalar que el criterio de ellos es considerar este tipo de acciones como “transporte”, pero entendiendo que el acuerdo era entre las dos partes se lo aceptó, ya que la fiscalía es la que debe impulsar la acusación.

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