El Poder Ejecutivo elevó nuevamente al Parlamento el decreto mediante el que se hizo lugar a la pretensión de adquisición de 10 mil hectáreas de tierras fiscales rurales a favor de Mirna Antunovic. De esta manera la Provincia dará efectivo cumplimiento a la sentencia judicial que hizo lugar al reclamo en cuestión.


Para poder cumplir con la sentencia dictada en 2016 por el superior Tribunal de Justicia, en la que hizo lugar al reclamo de Mirna Antunovic de Bridge para que el estado fueguino le adjudique en venta por antigua ocupación el lote de 10 hectáreas ubicado al sur de las estancias Boquerón y Río Claro y al oeste de la Estancia Carmen, el Poder Ejecutivo volvió a elevar a la Legislatura el decreto 620/16, para su ratificación, y que en esa norma hacer “lugar a la pretensión de adquisición del dominio particular de tierras fiscales a favor” de Antunovic “bajo la modalidad de regularización de antiguas ocupaciones”.

Este mismo trámite ya había impulsado en 2016 por el Ejecutivo, pero el tema no fue abordado por el Parlamento, por lo que el pedido de ratificación de ese acto administrativo perdió estado parlamentario, haciendo que la Provincia continúe al día de hoy incumpliendo con la mencionada sentencia.

Esta todavía irresuelta controversia comenzó hace unas dos décadas atrás, cuando Antunovic de Bridges inició el trámite para mensurar el predio en cuestión, que inicialmente había obtenido el visto bueno de la administración en 1999, pero con limitaciones en cuanto a la superficie pretendida ya que se le adjudican en venta únicamente 3.400 hectáreas, excluyendo aquellas que se encontraban ubicadas dentro de la Reserva Corazón de la Isla que había sido creada por decreto 1499/95 y las ocupadas por bosques.

En el año 2000, cambio de Gobierno por medio, el Ejecutivo entendió que el decreto de adjudicación en venta presenta vicios insubsanables por lo que eleva las actuaciones a la Legislatura recomendando no ratificarlo, lo que finalmente ocurre. Ese mismo año se sanciona la ley que creó el área natural protegida “Reserva Corazón de la Isla”.

A partir de esas decisiones, Antunovic efectúa al amparo del marco de regularización de antiguas ocupaciones un nuevo pedido de adjudicación en venta del predio de 10 mil hectáreas que da origen al expediente 1142/2001. En julio de 2002, la Secretaría Legal y Técnica dictamina que debe reconocerse los derechos al dominio pretendido por Antunovic, opinión que no es compartida por la Fiscalía de Estado y a la que adhiere la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento, que rechaza a fines de ese mismo año el pedido en cuestión. Antunovic recurrió por vía administrativa esa decisión. El recurso de reconsideración fue rechazado en septiembre de 2006, por lo que en el año 2008 el Poder Ejecutivo dictó un decreto rechazando la pretensión de la reclamante.

Agotada la vía administrativa, Antunovic presentó ante el Superior Tribunal de Justicia una demanda contencioso administrativa. La Justicia falló a su favor, declaró la nulidad de la Resolución dictada en 2002 por la Secretaría de Desarrollo y Planeamiento y ordenó al Ejecutivo que dicte un nuevo acto “con apego a la doctrina”. En 2015 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1892 mediante el que dejó sin efecto la resolución cuestionada, pero también rechazó el pedido de adjudicación en venta de Antunovic, lo que dio lugar a la presentación de un nuevo pedido de reconsideración que también fue rechazado por el Gobierno. Una vez más, Antunovic recurrió a la Justicia y nuevamente la Corte falló a su favor, e intimó al Ejecutivo a cumplir con la sentencia original. Ante este estado de cosas, y tras haber tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, el Poder Ejecutivo dictó el 20 de abril el decreto 620, mediante el que revocó el decreto 1892/15 e hizo lugar a la pretensión de Mirna Antunovic de Bridge de adquirir el predio en cuestión. En mayo de ese año elevó a la Legislatura el mencionado decreto, por cuanto el inciso C del artículo 8 de la ley de Tierras Fiscales establece que la adjudicaciones de tierra “a partir de una superficie de 101 hectáreas, además de resolverse mediante decreto con acuerdo general de Ministros, requerirá la ratificación del Poder Legislativo”.

Por ese entonces, los Legisladores resolvieron ratificar el decreto pero tampoco rechazarlo, por lo que por el paso del tiempo perdió estado parlamentario. La nueva presentación del Ejecutivo se formalizó el 14 de diciembre del año pasado, por lo que recién tomará estado parlamentario en marzo de este año. A partir de entonces se sabrá si, en esta oportunidad, los legisladores convalidarán o rechazarán la enajenación de esas 10 mil hectáreas, o si volverán a dejar que el paso del tiempo le evite tener que tomar una decisión al respecto.

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