La compañía vinculada al empresario Cristóbal López le cedió los derechos sobre la actividad de las mesas de paño a la empresa que solo se dedicaba a casinos electrónicos. La operación involucra el pago de 750 mil dólares y fue autorizada por el Instituto Provincial de Regulación de Apuestas. El Tribunal de Cuentas emitió opinión favorable.


El presidente del Instituto Provincial de Apuestas, Abel Galeano, autorizó la cesión de contrato acordada entre Casino Club y Casino Status, mediante la que la primera cede a la segunda el derecho a operar los casinos tradicionales que Casino Club explotaba en Ushuaia y Río Grande, hasta que dispuso el cierre de sus salas de juegos en ambas ciudades, y por las que pagaba un canon de 1,4 millones de pesos al año.

En septiembre pasado, casino Club solicitó al IPRA que lo autorizara al cierre por tiempo indefinido del casino de Ushuaia a partir del 30 de ese mes, y que le condonara la obligación de pagar el canon de concesión desde el 1 de octubre de este año y hasta el 31 de marzo de 2019, argumentado las pérdidas sufridas por la operación de juegos de azar que ascendieron a los 33 millones durante el ejercicio 2016/2017 y a los 38 millones de pesos a mayo de este año. Esta petición fue denegada en el entendimiento de ambos planteos constituían un incumplimiento al contrato de concesión de los casinos tradicionales de Ushuaia y Río Grande que se extienden hasta abril y septiembre de 2035, respectivamente, y únicamente se le autorizó a mantener por tres meses inoperativo el casino de la capital provincial.

Posteriormente, el Presidente del Directorio de Casino Club, Ricardo Bedicto, y el Socio Gerente de Casino Status, Nazareno Natale, formalizaron una presentación ante el IPRA informando de una “cesión de posición contractual” respecto de los derechos de operación y explotación de los casinos de ambas ciudades, por la que Casino Club recibirá 750 mil dólares, y solicitando que el Presidente del Instituto autorice esa cesión, ya que de no contarse con ese visto bueno el acuerdo no sólo carecería de validez sino que también representaría el incumplimiento del contrato entre Casino Club y el IPRA y su posterior recisión.

En las actuaciones intervino el Tribunal de Cuentas, el que el pasado 30 de noviembre comunicó al Presidente del IPRA que “la cesión de la posición contractual resulta viable, siempre que cuente con la autorización expresa del IPRA”; que el cesionario (Casino Status) “cumple con los recaudos exigidos en el pliego de bases y condiciones que rige la contratación original (la de Casino Club).

La validación del IPRA de esa cesión de contrato ya fue otorgada, pero ello no implica la reapertura de las salas de juego cerradas por Casino Club en Ushuaia y Río Grande.

Comentarios