Para evitar discrecionalidad en la entrega de viviendas sociales pagadas con fondos nacionales, el gobierno de Mauricio Macri firmará en estos días una resolución para obligar a todos los gobernadores a adherir a un sistema único de beneficiarios que se hará con una base de datos de las personas más necesitadas de cada provincia.


La norma depararía nuevas tensiones con los gobernadores, que perderán el poder de otorgar viviendas con criterio electoral. El registro regirá para todas las personas que no tengan techo y que tengan un ingreso tope equivalente a dos salarios mínimos.

El salario mínimo, vital y móvil es de $10.700 y en junio de 2019 alcanzará a los 12.500. “Queremos que las viviendas que se construyen con fondos nacionales lleguen a la base de la pirámide social, a la gente más necesitada. No existía una base nacional de necesidades”, señalaron al diario La Nación en la Casa Rosada.

Para ello, el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, firmará en estos días la obligatoriedad para todas las provincias de adherir al Sistema de Gestión de Beneficiarios (Sigebe), que comenzará a funcionar en 20 días.

En rigor, el sistema existe desde enero, pero pocas provincias adhirieron: Salta, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán. Otras cumplían de manera insuficiente: Entre Ríos, Neuquén y Tierra del Fuego. El resto no se plegó: paradójicamente, los distritos gobernados por Cambiemos, Buenos Aires, CABA, Jujuy, Mendoza y Corrientes, y otros: Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Río Negro, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe.

Las provincias que no lo acepten dejarán de recibir los pagos de los certificados de obra de las viviendas sociales financiadas con recursos de la Nación. “A ellas no les vamos a firmar los fondos para viviendas. Con esto nos aseguramos llegar a las familias que verdaderamente necesitan casa propia. Si no están adheridos, no giramos los fondos”, dijo un funcionario.

La norma saldría en el Boletín Oficial en los próximos días. Ese registro se conformará con las personas con menores recursos, que se suscribirán voluntariamente. “Tenemos que garantizar que no sea discrecional y que sea transparente”, dijeron fuentes oficiales.

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