Un proyecto presentado en la Legislatura por el bloque UCR-Cambiemos, contempla la creación de la tarifa social eléctrica fueguina tanto para Ushuaia, como para Río Grande y que los beneficiarios abonen un monto igual o inferior a la mitad de la tarifa plena del servicio de electricidad. Regirá entre los meses de mayo y septiembre de cada año. El costo de la tarifa social será afrontado por la DPE. Tomará estado parlamentario en la sesión del jueves y será girado a comisión.


Ante la decisión del Gobierno nacional de transferir a las provincias el costo de financiamiento de la tarifa social eléctrica y atento a que “el desfasaje tarifario producto de la reciente devaluación del peso está requiriendo una readecuación que, sin dudas, será muy difícil de afrontar para los sectores más vulnerables de la sociedad fueguina cuando la misma se traslade a la factura”, el bloque legislativo UCR-Cambiemos presentó un proyecto para crear la tarifa social eléctrica fueguina, de manera de reemplazar el régimen que todavía es solventado por el Tesoro Nacional.

A diferencia del régimen nacional que contempla afrontar el 100% del precio estabilizado de energía” hasta “un consumo de 150 kilovatios hora mensuales”, y hasta un 50% de aquellos que estén por encima del “consumo base”, el que se impulsa en Tierra del Fuego prevé subsidiar un monto “igual o inferior al 50% del precio pleno del servicio” y únicamente durante el período que va entre los meses de mayo a septiembre. Es decir, durante la época más fría y de menor cantidad de luz solar del año.

El beneficio será aplicado a aquellos usuarios residenciales de servicios de electricidad domiciliados en el ámbito de la Provincia. Podrán acceder al mismo los jubilados y pensionados que perciben un monto equivalente a 2 veces el haber mínimo nacional; los empleados en relación de dependencia que reciben una remuneración mensual bruta igual o inferior a 2 Salarios Mínimo Vital y Móvil; los beneficiarios de programas sociales; las personas Inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; las personas incluidas en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico; los Beneficiarios del seguro de desempleo; las personas discapacitadas que cuenten con certificado de expedido por autoridad competente; los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur que sean beneficiarios de Pensión Vitalicia, como así también los enfermos cuyo tratamiento implique electro dependencia.

Además de estos casos, prevé hacer extensivo el subsidio “a toda persona en estado de vulnerabilidad social, o que acredite, por cualquier medio de prueba, conforme la normativa vigente, la imposibilidad material de abonar el precio de la tarifa ordinaria del servicio público de electricidad”.

La propuesta establece que el financiamiento de la tarifa social estará a cargo de la Dirección Provincial de Energía, inclusive de los beneficiarios que sean usuarios del servicio que brinda la Cooperativa de Servicios Públicos, Asistenciales, Consumo y Vivienda de Río Grande Limitada. Para el corriente ejercicio, y en caso de resultar insuficientes las partidas asignadas a la DPE, se autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar el presupuesto del ente con cargo a rentas generales.

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