Al igual que hace casi un año, el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Río Grande, José Luis Iglesias, pidió a las distintas entidades públicas que controlen la venta ilegal por redes sociales y se refirió a la creciente preocupación por el aumento de la venta informal de productos de todo tipo, que perjudican a los comercios legalmente habilitados con más reducción de la facturación, los cuales se terminan traduciendo en despidos o cierres.


Iglesias reclamó acciones concretas para frenar la actividad ilegal, sobre todo la que se da a través de las redes sociales. “Pedimos el apoyo de todos los estamentos que tienen que ver en cuanto a la registración y el seguimiento de este tipo de actividades. Vamos a pedir un compromiso por parte de las agencias de recaudación, Municipio, Gobierno, AFIP, Aduana; para que nos ayuden a combatir esto que nos está complicando”, admitió el comerciante.

Además, consideró que “esta situación es totalmente injusta para el comercio declarado, porque no solo aumentan los alquileres o los salarios, sino las situaciones de costos muy altos con respecto a otros lugares y no hay el mismo correlato en la facturación”. “Hay gente que tiene la ventaja de estar en un garaje vendiendo ilegalmente con respecto a la persona que tiene negocio y que hasta le caen a cobrar por la música que ponen en la radio”, dijo.

“Es una situación completamente injusta para el comercio formalmente declarado”, dijo, y observó que además perjudica el sostenimiento de los puestos de trabajo que dependen de cada comercio. Junto con el municipio se prevé iniciar acciones contra la venta delivery de bebidas alcohólicas, pero la informalidad abarca todos los rubros. Además, admitió que en varios comercios se está optando por pasar del empleo formal al monotributo y habrá una reunión con el Centro de Empleados de Comercio para pelear en conjunto contra esta modalidad ilegal de contratación. Si bien dijo comprender que para muchos comerciantes es la única alternativa para seguir sosteniéndose, remarcó que “hay cosas que legalmente no corresponden y uno no puede avalar lo que han hecho. Se tendrán que atener a las consecuencias”, sentenció.

La actividad de este año arroja una baja del 30%, según el rubro. Esta caída se reitera año a año, a lo que se suma la informalidad creciente: “Lo que estamos viendo es la proliferación de la informalidad en las ventas. Estamos pidiendo el apoyo a todos los estamentos que tienen que ver con la registración y el seguimiento de todo este tipo de actividades, y vamos a pedir un compromiso a las agencias de recaudación, municipios, gobierno, AFIP y Aduana, para que nos ayuden a combatir esto. Es una situación completamente injusta para el comercio formalmente declarado”, sostuvo.

“Nosotros no solamente tenemos aumento de alquileres, de salarios, con retracción de ventas; sino que la Argentina en general y Río Grande en particular tienen muchos costos muy altos con respecto a otras localidades. Cualquiera que haya pagado un seguro del auto, del negocio, ve que todo este tipo de cosas se dolariza enseguida y por otro lado no hay un correlato en la facturación. La alternativa más fácil es vender ilegalmente en un garaje o por intermedio de las redes sociales, y perjudica a la persona que tiene su negocio. Esto hace que el comerciante se enoje, se retraiga, y a uno le gustaría que estén mejor sus empleados, pero los empleados mismos se ven la cara unos con otros todos los días y saben que esto nos va a afectar a todos”, subrayó.

“Estamos viendo qué cosas podemos crear para tener una situación mejor. Con el municipio nos hemos reunido, fuimos muy bien recibidos tanto por el Dr. Runín como por Sonia Castiglione y pusimos como temática importante para trabajar en la ciudad la proliferación de venta con delivery de bebidas alcohólicas. Estas situaciones conllevan problemas por la venta ilegal a menores, por el consumo indiscriminado del alcohol, así que van a pedir la cooperación de las agencias de remises, de la asociación de taxistas, para ver de qué forma podemos ayudar para que se venda legalmente en los horarios estipulados y con la normativa precisa. Las infracciones tienen que ser verdaderamente ejemplificadoras para que no tengamos que lamentar accidentes o situaciones personales”, expresó.

De empleados a monotributistas

Otra situación que se está instalando como nueva modalidad ante la crisis es el cambio de la categoría de empleados a monotributistas y será materia de debate con el Centro de Empleados de Comercio, porque además de perjudicar al empleado afecta al sindicato. “Estamos esperando que vuelva Diego Navarro de Buenos Aires, que está realizando actividades de la CAME, y tenemos una reunión pendiente con el CEC para adecuar la nueva escala salarial. Tenemos un problema con el monotributo, que yo lo llamo un ‘low cost’, porque es la forma de empleo más barata. Hay gente que se está bajando del empleo formal, después tributa por dos pesos como monotributista y el gremio tiene que dar asistencia. Esto le genera un problema al gremio porque le baja la caja. A la misma persona que estaba haciendo el mismo trabajo por 30 mil pesos ahora le pagan 14 mil”, señaló.

“Es preocupante y uno entiende al comerciante que dice que no tiene otra alternativa, pero hay cosas que legalmente no corresponden y uno no puede avalar lo que han hecho. Se tendrán que atener a las consecuencias y, por las conversaciones que tenemos con el gremio, nos damos cuenta de que esta situación está instalada. No pueden quedarse todos los empleados de Río Grande sin su tutela sindical por esta nueva modalidad de contratación de trabajo”, concluyó.

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