La Justicia de la provincia se abocó a una investigación penal para determinar la existencia de una red de facilitación o promoción de la prostitución con actividad en Ushuaia y Río Grande.


El caso está focalizado en un sitio de Internet (cuyo nombre se reserva porque la pesquisa se encuentra en pleno trámite) donde aparecen repetidamente avisos de contenido sexual que no serían publicados por las mismas personas que figuran en los avisos.

La denuncia fue realizada en noviembre de 2016 por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y desde entonces recorrió varios tribunales de la provincia hasta recaer en el Juzgado de Instrucción Nº1 de Ushuaia, a cargo del juez Javier De Gamas Soler.

Es que la denuncia fue remitida primero al Juzgado Federal de Ushuaia, cuyo titular es el juez Federico Calvete, quien primero ordenó una serie de medidas probatorias y luego se declaró incompetente al entender que los hechos debían ser investigados por el Juzgado de Instrucción Nº1 de Río Grande, a cargo del juez Mario Césari Hernández. Calvete coincidió con lo expresado por el fiscal Federal de Ushuaia Juan Soria.

Sin embargo, el juez Césari Hernández, también siguiendo la opinión de la fiscal Verónica Marchisio, se declaró incompetente por entender que el caso debía sustanciarse en Ushuaia.

Fue así que el Superior Tribunal de Justicia, como instancia definitoria y tras el dictamen emitido por el jefe de Fiscales, Oscar Fappiano, resolvió el mes pasado que la investigación se tramitara en el juzgado de De Gamas Soler. El fallo fue suscripto por los jueces María del Carmen Battaini y Javier Muchnik.

La causa judicial se relaciona con el cambio de paradigma sucedido en los últimos años en relación al delito de trata de personas, que derivó en Tierra del Fuego, en el cierre de los denominados locales nocturnos o prostíbulos, y en el procesamiento y condena de varios de sus titulares o encargados como autores o partícipes de ese ilícito.

Desde entonces, la Justicia también ha combatido los denominados “privados”, domicilios donde se desarrolla una actividad similar a los prostíbulos y, en ciertos casos, con modalidades que constituyeron el delito de trata.

En ese contexto, desde 2011 también se prohibió la publicación de avisos de oferta sexual.

El decreto 936 firmado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner el mismo día que promulgó la ley 26.364, de trata de personas y asistencia a sus víctimas, también creó una oficina de monitoreo para que el Ministerio de Justicia, junto con el Consejo de la Mujer, puedan articular los controles.

El decreto establece que la oficina de monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual trabajará junto con la oficina de rescate y acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata y el Consejo Nacional de la Mujer.

De todos modos, y aunque varios medios gráficos nacionales y del interior siguieron publicando este tipo de avisos, la oferta comenzó a focalizarse en sitios de Internet.

Desde el punto de vista legal, además de la trata de personas, el Código Penal argentino estipula que aquel que “promoviere o facilitare la prostitución de una persona será penado con prisión de cuatro (4) a seis (6) años de prisión, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.

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