Desde el Gobierno Nacional refuerzan los controles en la frontera y piden endurecer la política migratoria, para poder expulsar rápidamente a los extranjeros que delinquen. Entre las provincias que apoyan las medidas se encuentra Tierra del Fuego.


Tanto el Ministerio de Seguridad, como los de Interior y Justicia; la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Cancillería decidieron poner en marcha toda una batería de medidas tendientes a darle mayor relevancia al sistema de migraciones nacional.

Desde la Dirección de Migraciones junto con la AFI y el Ministerio de Seguridad acordaron con empresas aéreas extranjeras la instrumentación de un sistema de control anticipado de pasajeros mucho más rígido que el que funciona actualmente y que estará focalizado en países de Medio Oriente y de América Latina. Este sistema que convino el gobierno con las compañías de aviación de países latinoamericanos y de Medio Oriente permitirá hacer un rastreo de los pasajeros que viajen a la Argentina no solo con 24 horas de antelación sino también de todas las escalas y hojas de ruta que hicieron.

En esta misma línea, desde el Ministerio del Interior y el de Seguridad ya se puso en marcha este mecanismo que contempla un sistema de alertas tempranas ante eventuales pasajeros sospechosos. Hasta ahora solo se podía conocer la identidad de quienes venían a la Argentina con 24 horas de antelación. Ahora se sabrá la ruta que muchos de esos pasajeros hicieron antes de embarcar para Buenos Aires y los lugares por los que pasaron. Esta información se cruzará con Interpol, la AFI y Migraciones para sacar un perfil de los pasajeros sospechosos.

Por otra parte, desde la Dirección de Migraciones que lidera Horacio García se decidió reforzar en la práctica el decreto que fija mayores controles a los extranjeros residentes en el país y que tienen causas penales. El año pasado Macri emitió un decreto por el cual se podrá expulsar automáticamente a los extranjeros con causas penales y reincidencias en el país. A la vez, la norma estableció que si un extranjero tiene condena o está cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tiene antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina una pena privativa de la libertad de tres años o más no podrá ingresar al país.

Desde que se estableció esa norma en enero del año pasado hasta ahora hubo unas 470 expulsiones de extranjeros. Pero en la Casa Rosada creen que esta cifra podría incrementarse si hubiera una conciencia más firme de parte del sector judicial y una colaboración conjunta más estrecha en la materia.

La intención del Gobierno es ejecutar y cumplir al pie de la letra este decreto que fue cuestionado por algunos sectores de grupos de derechos humanos. Para ello, desde el Ministerio de Seguridad, Interior y Justicia hubo reuniones la semana pasada con los procuradores generales de la Nación, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires para exigir a los fiscales que eleven la lista de los extranjeros con condenas a Migraciones a fin de implementar la norma. La semana que viene habrá otra reunión similar con los procuradores de todo el país. “La idea es que los fiscales tomen conciencia de la gravedad que significa dejar que un extranjero siga con condenas y no se lo expulse del país”, explicó un funcionario que lleva adelante este trabajo con los fiscales.

La necesidad de reforzar estas medidas migratorias tiene que ver con que “el Estado Nacional, ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”, dijeron fuentes oficiales. A su vez, en el decreto que firmó Macri el año pasado se indicó que “la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal, se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total” y, particularmente por delitos de narcotráfico, hay “un 33% de las personas” en las prisiones argentinas.

Desde el Gobierno expresaron que hasta ahora hay 9 interesadas en darle mayor énfasis a esta medida. Estas son: la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza y Tierra del Fuego. Estos distritos están dispuestos a intercambiar información y a capacitar a sus fiscales para ajustar los mecanismos del decreto migratorio. Desde la Nación se quiere establecer una suerte de base nacional de datos de reincidentes extranjeros para tener un sistema de alerta y ejecutar las medidas de expulsión automática.

Por otra parte, desde el Ministerio del Interior remarcaron que la política migratoria del gobierno “no solo es expulsiva sino también inclusiva”. De hecho, en el Gobierno resaltan que la gestión de Macri generó más radicaciones de extranjeros que en los 12 años del kirchnerismo. Así se supo que, desde 2016 hasta hoy, hubo 428.000 radicaciones de extranjeros en la Argentina. En 2017 se establecieron 213.000 y en el 2016 unos 215.000 extranjeros. Para el gobierno esta es una muestra clara de que hay una decisión firme de incluir en la Argentina a los extranjeros que trabajan y que no cometen delitos. Con los que no se sometan a la ley no habrá reparo alguno en las expulsiones y la aplicación de la ley.

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